Los países afectados por el tráfico ilícito podrían llegar al punto de implementar un régimen de descriminalización.
Al igual que con la descriminalización del consumo, se requeriría un marco jurídico diferente para reemplazar la privación de libertad con sanciones escalonadas que aumentarían en gravedad según la frecuencia de los delitos y la cantidad de drogas confiscadas. Mientras que los traficantes violentos seguirían siendo juzgados, los infractores no violentos, y aquéllos que carecen antecedentes penales violentos, podrían ser remitidos a un panel de expertos para facilitar su rehabilitación y su reinserción en la sociedad. Sin duda alguna esta propuesta es sumamente ambiciosa (especialmente en cuanto se refiere a los cabecillas de los cárteles) y requeriría una intervención que les proporcione a los infractores las destrezas necesarias para prepararse para un trabajo que les devengue más que el contrabando de drogas. También requiere que ese tipo de puesto de trabajo exista.
Aún sin tomar en cuenta el costo de implementar ese tipo de sistema para los gobiernos latinoamericanos, que de por sí cuentan con recursos limitados, una descriminalización a gran escala de la venta de drogas se vería obstaculizada en última instancia por el hecho de tener estados débiles, particularmente en Centroamérica. Los Indicadores Mundiales de Gobernabilidad del Banco Mundial y la Brookings Institution han colocado continuamente a países como Guatemala y Honduras en el percentil 20 más bajo para el estado de derecho a nivel mundial y entre los peores en América Latina. Del mismo modo, el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional clasifica a ambos países entre el 35% más bajo del mundo. Si la flagrante debilidad institucional y la corrupción son los principales desafíos, ¿cómo podría un organismo gubernamental encargado de imponer sanciones de forma transparente en virtud de la descriminalización, o sanciones menores bajo la despenalización, ser más eficaz en la reducción de la delincuencia, la corrupción y la violencia? Basta con ver lo que provocó el peor escándalo de corrupción hasta la fecha en Guatemala para cuestionar la viabilidad de descriminalizar el tráfico de drogas en la mayoría de los países latinoamericanos.
