El gobierno del presidente Barack Obama fue testigo del primer cambio en la dirección de la política contra las drogas desde el tiempo de los gobiernos de Ford y Carter.
La reforma a las sentencias por delitos relacionados con drogas fue influida por la necesidad de reducir la expansión de las poblaciones carcelarias y de los presupuestos federales y estatales. Al mismo tiempo, la estrategia de la guerra antidrogas, que ya databa de hacía 40 años y que había priorizado la privación de libertad, aún no había logrado reducir el consumo de drogas ni que se les diera mejores tratamientos a los adictos. El cambio también fue parte de un cambio más amplio en las actitudes globales hacia las drogas y en las políticas antidrogas, que se hizo más evidente con la descriminalización de todas las drogas en Portugal en 2001. Además, la marihuana medicinal se legalizó en 16 estados de los EE.UU. en 2010, Colorado y Washington fueron los primeros estados en legalizar la marihuana con fines recreativos en 2012 y Uruguay se convirtió en el primer país del mundo en legalizar la marihuana con fines recreativos en 2014.
Además, en 2010, el presidente Obama firmó la Ley de Sentencias Justas que redujo la disparidad previa entre las sanciones penales federales que existía, de 100:1 a 18:1, para delitos relacionados con el crack y la cocaína en polvo. También eliminó el mínimo obligatorio de cinco años por posesión de crack. Con la idea de concentrarse en los delincuentes violentos y los culpables de simplemente poseer drogas, en 2013 el Fiscal General de los Estados Unidos emitió nuevas directrices que les indicaba a los fiscales que debían eliminar las referencias a la cantidad de drogas confiscadas, lo cual habría llevado a sentencias mínimas obligatorias bajo el régimen anterior. Los fiscales federales ahora pueden adaptar dichas directrices igual como se hace con las que se usan a nivel estatal o local y así tener más flexibilidad para determinar cuándo deben aplicarse cargos federales.
Para ser susceptibles de ese régimen, los delincuentes no pueden pertenecer a ninguna organización de narcotraficantes ni haber sido acusados anteriormente por un delito violento. Aunque ciertamente está lejos de ser un régimen similar al de descriminalización de todas las drogas, como ocurrió en Portugal, parece que el gobierno federal de los Estados Unidos está ahora anuente a despenalizar el uso y la posesión de drogas hasta cierto punto, siempre y cuando no sea un caso donde haya habido violencia. Además, el presidente Obama conmutó las sentencias de más de 1,000 infractores no violentos de las leyes antidrogas, más del doble del número otorgado por los últimos seis presidentes estadounidenses juntos.
Por último, en vista de la incesante crisis de opiáceos y heroína, en 2016 el Congreso de los Estados Unidos aprobó la primera legislación importante centrada en la adicción en 40 años: la Ley Integral sobre Adicción y Recuperación (CARA, por sus siglas en inglés). La ley CARA trata de abordar la crisis de los opiáceos centrándose en la prevención, el tratamiento, la recuperación, invertir los efectos de una sobredosis, la aplicación de la ley y la reforma de la justicia penal. El proyecto de ley proporciona $181 millones en fondos federales anuales que deben ser aprobados cada año a través del proceso de asignaciones regulares.
