En última instancia, un país como Guatemala u Honduras podría decidir actuar solo y no perseguir a ningún cartel, ya sea violento o no.
Esto implicaría esencialmente la legalización de facto del narcotráfico. Los países de la región menos afectados por los cárteles, como El Salvador, probablemente se opondrían a ese enfoque tan laxo, temerosos de que la criminalidad pudiera desbordarse hacia su país y aumentar el caos relacionado con la violencia de pandillas que está tan arraigada allí.
Dicha política, que acomodaría a los cárteles, violaría claramente las convenciones de las Naciones Unidas contra la droga, pondría en peligro la ayuda al desarrollo y crearía conflictos con los poderosos países consumidores. El resultado probable sólo aceleraría el flujo de drogas por el país, atraería a estructuras criminales de todo tipo y pondría en peligro aún más el estado de derecho, sin mencionar la inversión extranjera, la ayuda económica y las alianzas estratégicas regionales. Cualquier país que permita tal política podría muy bien convertirse en un narcoestado.
Por lo tanto, las políticas de despenalización y descriminalización parecen ser efectivas sólo para la distribución o venta de drogas a pequeña escala, en pequeñas cantidades y en países donde prevalece el imperio de la ley. Sin embargo, dado que los países productores y traficantes seguirán sufriendo desproporcionadamente de los resultados del negocio de las drogas ilícitas y que las políticas de descriminalización brindarán poco alivio, SmartDrugPolicy reconoce la validez de analizar y debatir la legalización de las drogas. En el contexto actual, sin embargo, los costos de este enfoque superan con creces sus beneficios. Dado que las consecuencias de un cambio tan importante en la política afectarían principalmente a los países consumidores debido a un mayor uso y abuso de drogas, SmartDrugPolicy considera que son precisamente estos países los que deben asumir el liderazgo, hoy ausente, en el desarrollo y aplicación de políticas de reducción de la demanda que cuenten con más credibilidad. Los esfuerzos mayores y mejores para reducir la demanda de drogas darán a los gobiernos de los países consumidores una mayor autoridad moral para persuadir a los países productores y de tráfico que deben mejorar el estado de derecho y, al mismo tiempo, que contribuyan a frenar el suministro mundial de drogas.
