Si le pregunta hoy a alguien qué piensa acerca de la política de drogas en los Estados Unidos, probablemente le responderá algo relacionado con movimiento de legalización de la marihuana, que ha ocupado un lugar central en el debate sobre la reforma de las drogas.
Siete estados y el Distrito de Columbia han aprobado medidas para permitir el uso con fines recreativos, cada una con su propio modelo normativo: Colorado, Washington, Alaska, California, Nevada, Maine y Massachusetts. Al día de hoy, el uso con fines médicos es legal en 28 estados. En 2014, Uruguay se convirtió en el primer país del mundo en legalizar la marihuana con fines recreativos bajo un modelo fuertemente regulado por el gobierno.
La creciente tendencia hacia la legalización no debe causar sorpresa, ya que la mitad de los adultos estadounidenses han probado la marihuana, que incluye un 8% que ha fumado alguna cantidad en el último mes. El movimiento por la legalización en sí mismo se remonta a 1969, cuando 76 millones de baby boomers llegaron a la mayoría de edad y lanzaron la contracultura, que incluía el uso de la marihuana, a la corriente cultural principal. Aunque el 50% de los estadounidenses favoreció la legalización de la marihuana en 1980, esa cifra cayó al 27% seis años después. Desde entonces, ha tenido una tendencia ascendente constante, donde el 54% de la población apoya la legalización, que incluye el 59% de los demócratas, el 58% de los independientes y el 39% de los republicanos, según una encuesta reciente del centro de investigación Pew. Las opiniones hacia la legalización del uso con fines recreativos entre los “millennials” son aún más sorprendentes. Las cifras son altas en ambos partidos ya que el 63% de los republicanos están a favor y el 77% de los demócratas también la apoyan.
A pesar de la tendencia hacia la legalización estado por estado, la marihuana permanece en la lista de «sustancias controladas» del gobierno federal estadounidense como un narcótico ilegal. Aunque el Departamento de Justicia de los Estados Unidos ha indicado que está reconsiderando si aplicará o no sanciones federales, la legalización de la marihuana sigue violando los tratados de drogas de la ONU, principalmente la Convención Única sobre Estupefacientes de 1961. Esta contradicción en la política del gobierno federal de los Estados Unidos fue uno de los puntos principales planteados por otros países en la UNGASS 2016. Para resolver esta discrepancia y disipar el descontento de algunos países latinoamericanos que han considerado reformar sus políticas sobre drogas para abordar sus principales preocupaciones, el gobierno de Estados Unidos ha hecho ver que ahora permitirá una mayor flexibilidad en la interpretación por parte de los países miembros de los tres principales tratados sobre drogas (consulte Convención Única de las Naciones Unidas sobre Estupefacientes de 1961). Muchas preguntas persisten en cuanto a cómo esto evolucionará en la práctica y si habrá algún cambio en la política oficial declarada de los Estados Unidos con el gobierno de Trump.
