Otto Pérez Molina, el mismo presidente que subió al escenario mundial al inicio de su gobierno en 2012 al proponer, sin mucha reflexión, políticas para la legalización y descriminalización de las drogas, se vio obligado a dimitir en septiembre de 2015 y ahora se encuentra en la cárcel a la espera de juicio junto con su vicepresidenta Roxanna Baldetti.
Sus delitos no estaban relacionados con el narcotráfico, sino con dirigir una red delictiva donde importadores sobornaban a funcionarios de aduanas a cambio de aranceles más bajos. La red secreta fue denominada «La Línea,» por la línea de mando que conducía directamente a la vicepresidenta y al presidente y por las líneas telefónicas utilizadas por los importadores para estar en contacto con los fraudulentos funcionarios de aduanas.
Es difícil imaginar cómo el gobierno guatemalteco implementaría políticas de descriminalización contra traficantes de drogas, donde la tentación monetaria de beneficiarse de la corrupción sería aún mayor. Es más probable que los cárteles continúen cooptando a las fuerzas del orden, a los jueces y a los políticos, haciendo que ese régimen de políticas nuevo y diferente carezca de sentido.
